Aunque la Gobernación del Meta destinó este año $300 millones de pesos para reducir la extorsión, más del 70% de los comerciantes del municipio están siendo víctimas de este delito.
«Durante más de un año me han estado llamando, también han venido a buscarme al taller donde trabajo, dicen que son del Clan del Golfo, que con ellos no se juega; la primera vez que me visitaron, me pidieron asistir a una cita, yo fui y hablé con dos de ellos, ahí me dijeron que como laboraba y era administrador de algunas propiedades de un señor extranjero, debía darles $80 millones de pesos para trabajar tranquilo, para que no mataran a mis hijos y protegerme del otro grupo».
Este es el relato de Jacinto*, quien a pesar de querer ocultar su temor con un rostro rígido y los ojos fijos en el suelo, en su mirada refleja el miedo e incertidumbre por lo que puede sucederle a su familia. Él es uno de los comerciantes del municipio de San Martín, en el Meta, que ha sido víctima de extorsión desde el año 2022 por parte de dos presuntos grupos al margen de la ley, los cuales se identifican como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac).
La incertidumbre del día a día
El panorama que viven día a día los dueños de supermercados, almacenes, carnicerías, talleres y negocios minoristas e incluso ganaderos es angustiante; las llamadas extorsivas y amenazantes, panfletos con números telefónicos a los cuales se deben dirigir para conocer la cantidad de dinero que deben pagar y mensajes por WhatsApp infundiendo miedo, no paran por parte de aquellas estructuras que la comunidad reconoce como bandas delictivas. Así lo aseguran fuentes institucionales del municipio de San Martín, como el concejal Samir Peña: «no son ningunos grupos al margen de la ley, es delincuencia común que obran como las Autodefensas Gaitanistas, Clan del Golfo, se hacen pasar por cualquier cosa, la Policía lo sabe, todo el mundo lo sabe, y en nuestro municipio más del 70% de los comerciantes están siendo víctimas de este delito».
Tal versión, también la ratifica una fuente cercana a la Policía, a la cual tuvo acceso este medio de comunicación, quien explica que, específicamente en San Martín no operan este tipo de grupos criminales, como AGC y Erpac, sino que tiene mayor posicionamiento la delincuencia común organizada, como la liderada por Juan Gabriel Poveda Quintero, alias ‘Juanito’, quien fue detenido por extorsión, tráfico de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Este delincuente fue enviado a la cárcel de Cómbita Boyacá y, posteriormente, trasladado a otro pabellón de aislamiento (el cual no fue revelado por la fuente) desde donde estaría realizando llamadas extorsivas e instrumentalizando a jóvenes de escasos recursos económicos para que aborden de forma presencial a comerciantes del municipio.
Sin embargo, esta situación no es reciente, o al menos de esta forma lo manifiestan diversos comerciantes, pues como si fuese una paradoja, recuerdan cómo, en los años ochenta y en el dos mil, Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, exjefe del Bloque Héroes del Llano y Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), manejaba el orden público realizando exterminios sociales, en los cuales sometía a las personas señaladas de consumir drogas, cometer robos, entre otras actividades que, según los habitantes, eran la manera de ofrecer seguridad y tranquilidad. Lo mismo hacía el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, quien tuvo un movimiento armado denominado Carranceros, el cual se encargaba de mantener un dominio y se comprometían con la protección de los pobladores de la región, según recuerda la misma comunidad. De allí que, algunos habitantes les tuviesen más confianza a los grupos armados que a la policía, lo cual facilitaba cometer delitos en la zona.
¿Héroes o villanos?
Hoy, la extorsión y el asesinato de los habitantes a causa del no pago de las vacunas (que varían entre $2 y $80 millones de pesos, dependiendo su estado económico), se ha convertido en la nueva normalidad. «Lo tratan a uno mal, le piden el monto de $2 o $30 millones de pesos y le dicen que, si uno no lo paga, matan a los hijos, la esposa o empleados. Por eso me ha tocado cerrar mi negocio y ante esto la Policía no hace nada», expresó con indignación Camilo Angulo*, comerciante de un supermercado.
Pero por más de que algunos afectados del municipio se pronuncien y den fe de la situación que los aqueja, se sabe a partir de un análisis de lo relatado por diversas fuentes, que las principales causas por las cuales persisten las extorsiones son las débiles medidas tomadas por parte del Estado para prevenir y disminuir este delito y la escasez de denuncias de la comunidad, debido a que en algunos ocasiones, los ciudadanos han sido amenazados por los integrantes de las bandas después de acudir a la justicia.
Tal es el caso de Lisandro*, propietario de un almacén, quien recuerda con temor que al principio del año 2022 se acercó a la Policía para exponer que era víctima de extorsión. Recuerda que de allí lo dirigieron a una unidad Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) y estos realizaron un operativo, pero el procedimiento no resultó como él esperaba:
«Ellos me hicieron llamar al extorsionista y me pidieron que le pusiera una cita a las 8 a. m. para supuestamente arreglar los pagos; el tipo, media hora antes de encontrarnos, me timbró y me dijo: ah hermano, anda de sapo, me echó la ley, ¿no? Para qué me tiene gente allá, hay 10 esperándome adentro y uno afuera en una moto».
Después de este hecho, el minorista no volvió a informar nada a las autoridades, pues desde su perspectiva «hay agentes jugando en los dos bandos». Lo anterior podría tener relación con el bajo número de reportes, pues según cifras de la Policía Nacional, desde el primero de enero hasta el 31 de marzo de este año, se han presentado solo tres denuncias por extorsión.
Así mismo, la falta de una política carcelaria y penitenciaria adecuada, según el secretario de Gobierno del Meta, Luis Gómez, ha contribuido a que aumente la extorsión en el municipio. Además, la ausencia de proyectos que asesoren y estipulen normas acerca del debido funcionamiento de los centros penitenciarios provoca falencias en la seguridad.
«En enero hice una visita al Gaula militar de Granada y tenían más de 10 personas privadas de la libertad por extorsión, y ellos no están para custodiar presos, eso es un tema del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero este instituto no los recibe, porque hay hacinamiento carcelario, varias cárceles tienen hacinamiento del más del 150 por ciento, entonces, no los aceptan, es un problema de derechos humanos», agrega el funcionario.
¿Qué se está haciendo?
La Policía Nacional ha expuesto que una de las principales medidas para acabar con las extorsiones es denunciar, y por ello realizan cada año campañas como ‘Déjate ayudar por la libertad de vivir y yo denuncio, no pago, en donde se les expone a la comunidad sanmartinense recomendaciones de seguridad para evitar la extorsión, números telefónicos a los cuales comunicarse y procedimientos para denunciar este delito.
Además, la Gobernación del Meta ha tomado medidas para mejorar la seguridad en la región. Un ejemplo concreto es la asignación de recursos tras la realización del primer consejo de seguridad de este año. En dicha ocasión, se destinaron $300 millones, de los cuales $270 millones fueron específicamente dirigidos a fuentes no formales. Esta iniciativa busca fomentar la denuncia anónima por parte de la comunidad en relación con el tema de las extorsiones.
Respecto a las llamadas realizadas desde las cárceles, según una fuente cercana a la Policía, las medidas que toma el Inpec son el aislamiento de los reclusos de sus celdas o el traslado a otros centros penitenciarios, también ejecutan allanamientos a las prisiones para ubicar dispositivos móviles o cualquier elemento que les brinde y facilite la comunicación con el exterior.
En relación con las fuentes de la Policía departamental, este medio realizó múltiples intentos por obtener una respuesta institucional. Sin embargo, al momento de finalizar este reportaje, no se había recibido ninguna respuesta por parte de la institución.
No saben qué hacer
A pesar de las medidas implementadas por las autoridades, las extorsiones han traído consigo devastadoras consecuencias, han arrasado con las vidas de muchos sanmartineros que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con las cuotas exigidas por los delincuentes y se ven obligados a dejar sus viviendas, negocios y familias.
«Les pidieron $5 millones de pesos más, pero no los dieron, y vinieron y mataron al marido». Este es un testimonio de la minorista Marta*, sobre una de las vecinas que no solo tuvo que abandonar la región, sino que también fue víctima de los asesinatos que utilizan las bandas criminales para sembrar miedo.
Acciones propias
Pero ante este contexto, ¿qué medidas ha tomado la comunidad? Las acciones para sobrellevar la problemática son claras, desde guardar silencio, denunciar o incluso contratar personal para que cuiden de su seguridad o la de sus negocios comerciales.
«Estamos enfrentando una situación en la que nos vemos obligados a trabajar con las puertas cerradas. Incluso hemos tenido que contratar a dos personas para vigilar constantemente, ya que nos sentimos amenazados. Lamentablemente, hemos sido víctimas de amenazas en las que personas han llegado al almacén portando armas», expresó Carmen, la dueña del local, con evidente preocupación.
Algunos sanmartineros han pensado en la posibilidad de autodefenderse, bien sea conformando un grupo armado o pagándole a criminales para asesinar a los extorsionistas. De hecho, comerciantes como Fermín*, manifiestan su posición frente al asunto: «yo no soy un asesino, pero si me toca escoger entre mi familia o ellos, voy a salvar a mi familia. Además, las extorsiones suman más de $30 millones de pesos, y a un sicario le doy $300 mil pesos y se acaba el problema».
Pensamientos como estos, son a los que han llegado algunos sanmartineros afectados, quienes, desde su perspectiva, continuarán trabajando día a día bajo la zozobra de ser alcanzados por la violencia de las bandas delincuenciales y a la espera de un apoyo integral del Gobierno y las autoridades, ya que, hasta el momento, no han respondido con medidas de protección contundentes que generen una confianza real.
De allí que pobladores como Alirio* prevean lo que puede pasar si no se ofrece una solución: «¿sabe en qué va a terminar eso? En grupos paramilitares, si el Estado no actúa, la gente se tiene que defender de alguna forma, pero como no todos somos asesinos, entonces ¿qué van a hacer? contactar a paracos, para defenderse».
*Los nombres utilizados en este reportaje fueron cambiados por protección de las fuentes.
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