La venta del acueducto comunitario del barrio Ciudad Porfía en Villavicencio, Meta, que era administrado por la Asociación de Servicios Públicos de Ciudad, (Asogestores), ha dejado una huella profunda en la comunidad tras la venta del 51% a un privado, reconocido jurídicamente como la familia Carranza.
La comunidad ha manifestado su inconformidad frente a la gerencia de Daniel Moreno, quien ha desempeñado su cargo durante los últimos cuatro años y es señalado de vender el 51% de las acciones del acueducto, así como también de irregularidades administrativas, entre otros problemas que manifiesta la comunidad, son derivados de su gestión.
Azucena Lisca, conciliadora de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Porfía, menciona: «En mi casa había unos señores instalando el medidor, pero yo no les di permiso; un día llegué y no había agua, nos pusimos a mirar, y sí, estaba el medidor y además unos tapones, entonces, los rompimos y volvimos a conectarla. Ahí fue cuando hubo problema, le hice el reclamo a Daniel y él me respondió que todos tenían que poner el medidor, y yo no acepté».
Tras la venta del acueducto, las decisiones administrativas y legales son tomadas por los socios que tienen acciones mayoritarias; en este caso, la familia Carranza. Al ser dos socios, con el 51% de las acciones frente a los 6000 asociados de Asogestores, con el 49%, tienen ese poder.
Además, al pasar de ser público a privado, la Alcaldía de Villavicencio retiró los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, a quienes se les reguló una tarifa fija de $25.000 y ahora los residentes se ven obligados a costear este incremento en el servicio.
¿Qué hay detrás de su venta?
Asogestores brindaba el servicio público de acueducto y alcantarillado a Ciudad Porfía, el cual era administrado por la misma comunidad hasta la llegada de Daniel Moreno, como representante legal de la asociación. Su trabajo se destacó hasta que en el 2017 realizó una asamblea para manifestar un plan, empleando una alianza comercial que la comunidad no aprobó, años después esta, finalmente, se ejecutó para convertirse en Agua Blanca S.A.S.
Azucena Lisca, conciliadora de la Junta de Acción comunal del barrio Ciudad Porfía, aseguró que Daniel era un muchacho "sencillo" y que ellos, "como 60 personas", le pidieron que fuera el administrador. También, "fue al Concejo Municipal de Villavicencio y dio charlas del acueducto, de un momento a otro se volteó”.
De acuerdo a la veeduría realizada por la Asociación de Acueductos Comunitarios en Red de Villavicencio y el Meta (Acer), no fue la primera vez que se intentó hacer dicha venta; para el año 2013, otra familia de la que se desconoce información, realizó un peritaje para evaluar el costo de la infraestructura que en aquel entonces se declaró por 2.000 millones de pesos, afirmó la gerente de Acer, el mismo valor presentado siete años después a la familia Carranza y por el cual se negoció su venta.
Adriana Baquero, gerente de la Asociación de Acueductos Comunitarios en Red de Villavicencio y el Meta aclaró que han acompañado a la comunidad desde el 2017 en asuntos relacionados con el acueducto comunitario. "Allá son más o menos 6000 asociados al acueducto que en aquel entonces era el más grande de Villavicencio”, agregó.
Sin embargo, solo 1.6% de los asociados, 100 de 6.000, aprobaron su venta, algo que ha sido señalado por la comunidad como un mal procedimiento, ya que, en las reuniones, las listas que recibían como asistencia, según ellos, era para la aprobación de su venta, algo que generó dudas, pero ante su desconocimiento, algunos procedieron a firmar.
La señora Azucena cuenta que en 2017, Julián, inspector fiscal de Asogestores, la invitó a una reunión para entregar un balance financiero sobre la empresa, pero para ingresar, exigían carné de asociado. "Ese día me fui con el recibo al día, y la secretaria (Mayerly) me dijo que, para entrar, tenía que llenar la asistencia, pero en el encabezado decía: firmas para la alianza comercial con la familia Carranza, por lo que yo no accedí y formé el alboroto. Sin embargo, algunos firmaron y otros no".
Dentro del balance financiero, Adriana Baquero demostró ante la junta directiva y la Superintendencia, que el acueducto Asogestores no se encontraba en quiebra, suceso que provocó dudas en la comunidad, debido a que, en ese momento, el gerente destinaba, al parecer, recursos del acueducto para viajes laborales. “Si estaba en quiebra, cómo sacaba la plata para irse a Bogotá”, se pregunta fuente anónima.
Por otro lado, una de las problemáticas ha sido el alza en las facturas, ya que Asogestores, al dejar de ser una red de acueducto comunitario y pasar a ser una entidad privada, perdió algunos beneficios como los subsidios.
Azucena Lisca afirmó que “él le echaba la culpa a la Alcaldía de que no le había pagado los subsidios; sin embargo, el alcalde dijo: ¿por qué le voy a dar subsidios si son para acueductos comunitarios y usted ya tiene una empresa privada?":
Asimismo, la señora Azucena afirmó que en el recibo unos pagaban $16.000 y otros $8.000, pero de un momento a otro ese costo subió a $25.000 para todos los habitantes. Ahí es donde la gente empezó a sentirse inconforme.
Antes de la publicación de este reportaje, este medio de comunicación intentó comunicarse con Daniel Moreno para conocer su versión de los hechos, sin embargo, no fue posible acceder a él.
Las licencias de la discordia
Para que un acueducto pueda operar debe cumplir con una serie de requisitos que son regulados por entidades asignadas, según corresponda a cada departamento, en el caso del Meta, es Cormacarena quien asigna las licencias ambientales y también hace el seguimiento a las mismas, según el “Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico del Ministerio de Vivienda”; sin embargo,esto también ha generado inconformidad ante la comunidad.
En la Audiencia Pública Ambiental realizada el 29 de noviembre de 2016, en el marco del proceso de permisos ambientales para la concesión de aguas superficiales y ocupación de cauces en la fuente conocida como Caño la Linda o Blanca, de la cual se extrae el recurso hídrico para abastecer el Acueducto del barrio Ciudad Porfía, ubicado en Villavicencio y bajo la jurisdicción de Cormacarena, se presentaron diversas consideraciones.
De acuerdo con el documento público de dicha audiencia, se identificaron dos partes interesadas representando a la comunidad en su solicitud de licencia ambiental para operar, a saber, la Sociedad Abasco S.A. y Asogestores.
Durante las discusiones destacadas, se puso de manifiesto la falta de claridad en cuanto a la entidad encargada de la gestión y regulación del suministro, así como la relación entre la Superintendencia de Servicios Públicos y la Alcaldía de Villavicencio.
Según Hanner Sabogal, Edil de la comuna 8 en aquel momento, el Alcalde Raúl Franco emitió un decreto en 2010 que establecía la obligación de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio de brindar los servicios de agua potable y alcantarillado en Porfía durante ese año. Sin embargo, a pesar de esta disposición, dichos servicios nunca fueron proporcionados, generando controversias entre Cormacarena sobre a quién debía otorgarse la licencia para operar y verter las aguas residuales.
La lucha comunitaria
Una de las primeras señales que identificó la comunidad sobre el cambio de administración, fue el número de identificación tributaria de los recibos del agua, aclarando la duda que algunos de los habitantes tenían, con respecto a la venta del acueducto, debido a que no hubo un cambio notorio en el nombre de la nueva entidad, tal como menciona Azucena.
“Nos dimos cuenta porque nos cambió el NIT de la factura, indicando que ya no era Asogestores (900) sino Asogestores Agua Blanca (901), por lo que personalmente le hice el reclamó, pero él decía que no, que seguía siendo Asogestores”, agregó.
Por otra parte, desde hace más de un año, los habitantes de Ciudad Porfía decidieron hacer un plantón en las antiguas instalaciones de Asogestores, para exigir respuestas a los administrativos por las decisiones tomadas sin tener en cuenta a la comunidad afectada.
“La oficina queda en la 57, cuando la gente se dio cuenta de todas las trampas y que nos habían vendido el acueducto, se hizo un plantón, bloqueando la entrada y no dejando entrar a los trabajadores, ese plantón lleva más de un año, ahí está la gente sentada todavía. ¿Que hizo Daniel?, se llevó la oficina para el quinto piso en el edificio Los Centauros y la administrativa está en San Cipriano”, mencionó Azucena Lisca”.
Además, gran parte de los afectados decidieron masificar su voz y con el tiempo no pagar ningún recibo del servicio de agua hasta obtener respuestas sobre el aumento en el precio.
Soñarse el acueducto de Porfía
Hace más de 30 años lo que inició como una invasión de la finca La Casona, se fue convirtiendo en una de las zonas más pobladas de Villavicencio. Con el paso del tiempo, la comunidad buscó la forma de organizarse e implementar un sistema de acueducto y alcantarillado para los más de 48.000 mil habitantes que hoy residen en este sector.
Con el paso de los años y el trabajo colectivo de la comunidad, les llevó a afrontar la persecución de administraciones municipales hacia los años 2008 y 2011 para la privatización del acueducto.
El 6 de octubre de 2020, el Alcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman decretó la formulación e implementación de la política pública de gestión comunitaria del agua en el municipio, conforme a lo previsto en la ley 142 de 1994. En la circular 01 de 1996 de la CRA, se dice que pueden prestar servicios públicos domiciliarios y agua potabilizamiento básico tanto las organizaciones comunitarias, como las juntas de acción comunal, las juntas administrativas asociaciones y usuarios, así como las organizaciones de carácter asociativo, precooperativas bajo la ley 454 de 1998 y las administraciones públicas cooperativas.
Esto ha permitido a la Asociación de Acueductos Comunitarios del Meta avanzar en la veeduría que permita a la comunidad seguir luchando por volver a tener propiedad sobre el acueducto que en algún momento fue comunitario y de igual manera garantizar que el servicio de agua sea para todo el sector, sin la desviación de los recursos económicos.
¿Y ahora qué?
La comunidad de Ciudad Porfía sigue a la espera de soluciones y respuestas por parte de la administración de Asogestores o Agua Blanca, S.A.S. y las entidades correspondientes, como la Superintendencia de Servicios Públicos.
Personas como Adriana Baquero, gerente de la Asociación de Acueductos Comunitarios afirma que “este conflicto va a seguir porque las entidades ni siquiera han volteado la mirada allá”. Ellos como comunidad y creadores del acueducto anhelan respuestas, soluciones y la pronta recuperación de su acueducto que construyeron con esfuerzo.
Esta lucha ha sido un proceso arduo, en donde la ciudadanía le ha pedido a Daniel Moreno la entrega del acueducto, entendiendo que su tiempo como gerente cada día llega a su fin. “Él tiene permiso como empresa y prestador de servicio de captar agua hasta el 23 de agosto, estamos esperando qué pasará después de esa fecha”, alega Azucena Lisca.
A pesar de las peticiones, Daniel Moreno ha hecho caso omiso a esto, lo cual para la comunidad es injusto, y por esta razón han pedido apoyo a algunas entidades; sin embargo, no ha sido posible gestionar ninguna resolución por parte de Asogestores ni del Estado.
Por: Andrés Ramírez, Dominique Cortés, Camila Carvajal, Tania Ladino, Lina Cruz y Felipe Bautista.
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