Muchos usuarios de bus en Villavicencio deben disponer de más horas de su tiempo y meterse la mano al bolsillo para solventar la falta de rutas de transporte público. Descubra cómo ese cambio ha impactado su seguridad, economía y calidad de vida.
Pedro Calderón camina entre 400 metros y medio kilómetro cada mañana, desde su casa en el barrio El Jordán hasta la esquina de la panadería Bokattos, en Villavicencio. Se para a esperar la ruta que lo deja cerca al trabajo mientras mira su reloj, una delgada llovizna empieza a caer. «Villavicencio parece un cielo roto», nos dice, esperando que su bus pase y no tenga que caminar más, hasta la avenida principal para coger otro. Hace dos años la ruta 35 atravesaba El Jordán, y Pedro tan solo caminaba 400 metros.
En ocasiones, de noche, acuerda pagar a un amigo suyo para que lo «acerque»; otras veces sube a un taxi, aunque por lo general, toma las rutas 48 o 57, y camina 550 metros desde la avenida hasta su casa.
—Y todos los días lo mismo, desde que suspendieron las rutas para este lado.
Como a Pedro, muchas otras personas de la comuna cuatro viven una odisea similar para trasladarse a sus sitios de trabajo, de estudio u ocio, así que optan por otras alternativas de transporte, las cuales, en términos sociales y económicos, los afecta seriamente. En este sentido, la comunidad se pregunta por los motivos que llevaron al abrupto cambio de rutas y si habrá a futuro una posible reactivación de los recorridos cancelados del transporte público.
¿Quiénes tomaron la decisión?
A raíz de la emergencia sanitaria del covid-19, el Ministerio de Salud, mediante la resolución 1537, decretó que el transporte público funcionaría a una capacidad máxima del 50 por ciento. En Villavicencio, la medida fue un ejercicio realizado por la Dirección de Planeación y Prospectiva en conjunto con empresas, propietarios y conductores de transporte público colectivo para estudiar el plan de recorrido de cada ruta y el mapa de la ciudad a fin de suspender aquellas rutas que no se consideraban rentables, sin abandonar completamente la cobertura en el sector.
En concreto, se suspendieron diez rutas en toda la ciudad (4, 12, 20, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 59, 51, 52), lo que perjudica directamente las diferentes comunas que conforman el casco urbano. De estas, se reactivaron las números 26, 49 y 52 y, a pesar de que la pandemia llegó a su fin como emergencia sanitaria de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la ciudad se reactivó después de haber superado los meses más difíciles, aún queda el déficit de diez rutas por llenar.
El ingeniero Adolfo Rodríguez Iriarte, director de la oficina de Dirección de Planeación y Prospectiva, afirma que la idea es ir reactivando de forma paulatina, en la medida en que la demanda vaya aumentando: «para la oficina es importante que las comunidades se interesen en comunicar y evidenciar las problemáticas para así poder darles una solución», agrega.
La comunidad villavicense: la principal víctima
Las consecuencias negativas de la decisión son innegables. Así lo han hecho saber los ciudadanos, quienes se ven obligados a probar diferentes alternativas para transportarse, ya sea compartir vehículo con algún vecino, emplear servicios de movilidad como In-Drive o Uber, o recurrir a bicicletas, patinetas o al tradicional medio de transporte: los pies.
De acuerdo con la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, realizada por el Dane durante el 2022, la percepción de inseguridad en personas mayores de 15 años, residentes en la capital metense, fue del 72,1%. Es decir, los habitantes experimentan la sensación de ser víctimas de algún hecho delictivo o evento que atente contra su seguridad, integridad física o moral. De modo que actividades como recorrer largas distancias hacia los paraderos de buses, así como regresar a casa, son motivo de angustia y preocupación.
«Como el bus me deja bastante lejos, irme caminando me genera la impresión de que en cualquier momento me lleguen a hacer daño». Aquellas son las palabras de Pedro Calderón, ingeniero agrónomo de 29 años, residente de la comuna cuatro, quien ha sido perseguido en dos ocasiones al caminar de regreso a su hogar luego de tomar la ruta de transporte que más lo acerca. Ante esto, afirma, entre afligido y conmovido: «gracias a Dios no me han robado nunca».
Pero la indignación pocas veces es individual, no en vano, Pedro observa cómo sus vecinos deben adaptarse a los cambios en sus rutas de transporte. Algunos se han inclinado por soluciones con gran carga económica, como comprar un vehículo de uso personal. Sin embargo, otros han considerado y puesto en venta su vivienda para instalarse en un barrio donde las rutas continúen su recorrido normal. A los ojos de Pedro, el cambio ha sido tan drástico que no solo nos afecta quienes trabajamos, «sino a los estudiantes y al adulto mayor que constantemente debe ir a hacerse exámenes médicos a otros sectores».
Aunque para él, sin duda la problemática se torna cada vez más insostenible, está de acuerdo con que los niños y las niñas, así como los padres de familia, han sido los principales afectados. El hecho de que las jornadas escolares inicien a las 6:00 a. m. y terminen, en algunos casos, alrededor de las 6:00 p. m., supone que los hogares dispongan de más horarios al que estaban acostumbrados para llegar a las aulas de clase, enfrentándose a la inseguridad del sector y comprometiendo el tiempo.
Y, como es de esperarse, las afectaciones al bolsillo de los ciudadanos no tardan en llegar. Muchas personas no tienen una salida diferente que pagar servicios particulares de transporte o tomar taxis para desplazarse. En el mejor de los casos, pueden acordar una «tarifa cómoda» mediante el uso de plataformas, las cuales no descienden de 4.200 pesos, por el contrario, el escenario menos alentador significa que Pedro pague cada día alrededor de $12.000 entre los dos recorridos que realiza para ir a trabajar.
Mirando la calle con pesadumbre, dice que ahora «sale un ojo de la cara estar cogiendo taxi para venir e irse, porque realmente acá los taxistas a veces son bien usureros, algunos tienen chuzado el taxímetro». Y finaliza reflexionando sobre lo sencillo que era desplazarse por la ciudad hace dos años, cuando simplemente salía de casa a esperar el bus o caminaba 400 metros a la panadería Bokattos, un recinto comercial, que, como otros por la zona, han sufrido graves pérdidas económicas por la baja de personas que se acercaban allí a esperar sus respectivas rutas de transporte.
¿Y los conductores qué?
Alejandro Roa, conductor y propietario de un colectivo público, reconoce que algunas rutas se han cancelado, pero tiene, según él, motivos suficientes. «No hay garantías», dice, «en el sentido monetario», y describe a continuación una larga serie de gastos que necesitan los vehículos y que ellos mismos como conductores deben costear. Una suma que asciende (entre rodamiento, partes de recambio, mantenimiento, amueblado, entre otros) a más de $1’300.0000 a la semana.
Existe un procedimiento de rutas de servicio «para la evaluación de los requerimientos de asignación de rutas, horarios y estudios de tránsito», desde la Administración de la Movilidad firmado en abril de 2021. Sin embargo, en palabras de Alejandro Roa, «muchas (rutas) las han inventado los de la Junta Comunal y no las utilizan».
«Antiguamente», agrega Alejandro, «cada barrio tenía sus propias busetas asignadas», pero la dinámica cambió. Ahora los conductores de bus se rotan por toda la ciudad y dejaron de tener recorridos fijos. Además, se suman otros factores: una malla vial de Villavicencio en estado deplorable y una falta de condiciones mínimas estables para que cada conductor tenga un beneficio real de acuerdo con las horas diarias de recorridos hechos.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el nuevo plan de reestructuración del Transporte Público Colectivo (TPC) pretende ser convertido en el Sistema Estratégico de Tránsito (SETP), junto a la consultoría de la administración municipal y, de acuerdo con Alfonso, esto podrá hacerse con la financiación del 70 % por parte del Gobierno Nacional, para así darle una solución definitiva al problema de transporte.
Pero mientras el nuevo sistema de transporte eléctrico llega a la ciudad, Pedro y la comuna cuatro deben armarse de paciencia, pues según una investigación del medio Las 2 Orillas, se necesita un plazo 12 años para que todos los buses públicos que circulen por Villavicencio sean eléctricos y hagan parte de un sistema de transporte que costará alrededor de 1.2 billones de pesos.
Por: Sara Montenegro, Marianne Checa, Geisson Román, Melissa Silva y Alejandro Pérez.
Comments