Por: Jesica Alejandra Rodríguez
De las comunidades LGBTI, los trans son la población inexistente para el Estado. Están destinados a la peluquería, la prostitución y la muerte.
En nuestro país hombres y mujeres trans son ignorados por un Estado que les vulnera sistemáticamente, una barrera invisible no permite respetar sus derechos y garantías a las cuales son acreedores por el simple hecho de ser ciudadanos colombianos.
La Constitución Política de Colombia, establece la educación, la salud y el trabajo como derechos fundamentales del ser humano, sin embargo esta población se ve significativamente afectada ante la indolente actitud de los organismos de control.
Ser transexual en Colombia, significa adquirir gratuitamente un paquete de consecuencias que pueden llevarles a la muerte, entre las que se encuentran: Las desventajas sociales, económicas, la discriminación, la segregación, la marginación, y en definitiva la pobreza.
Un estudio de la organización de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, Colombia Diversa, indicó que el 19% de esta minoría pertenece al nivel de estrato socioeconómico uno, y el 72% al estrato dos.
Como consecuencia, las únicas oportunidades que tienen hombres y mujeres es la prostitución como su actividad principal en un 50 y 70 por ciento respectivamente, los demás se han dedicado a la peluquería y otros pocos casos a emprender, esto a causa de la mínima posibilidad de acceso a la educación superior que se ve representada en tan solo un 7.89% en el caso de la ciudad de Bogotá.
Las edades son alarmantes, porque el 55.2% de las personas transexuales que trabajan en la prostitución se encuentran entre los 14 y 26 años, el 34,4% entre los 27 y 45 años y el 10,4% superan los 46 años de edad.
Personas que actualmente son tan solo una cifra de control ya que no se ha establecido una ruta clara para visibilizar esta comunidad y restaurar sus derechos, sin mencionar las aterradoras cifras que existen en cuanto a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la atención a quienes son VIH positivo.
Laura Frida Weinstein, directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, entregó cifras estadísticas para el cierre del año 2019 donde estableció que el 31% de los casos de violencia a la comunidad LGBTI fueron a personas transexuales, específicamente por medio de amenazas, hostigamientos, homicidios y lesiones personales, actos que dejan mucho que pensar no solo de los mecanismos de garantías que debe brindar el Gobierno a los colombianos, sino de la sociedad misma.
Las muertes tempranas de esta población ya ascienden en un 80%, puesto que son asesinados antes de los 35 años de edad, y estas alarmantes estadísticas exigen a gritos la voluntad política de promover programas especiales de atención a la comunidad transexual.
Importante es decir que los trans no desean quitarles el puesto a las mujeres ni a los hombres, siguen siendo humanos y por ende tienen los mismos derechos. No puedo dejar pasar el caso de la transexual Alejandra Monocuco, quien murió el pasado 29 de mayo en la ciudad de Bogotá.
A esta mujer no le atendieron con el debido proceso por parte de los paramédicos que recibieron el llamado de urgencia, ya que por su condición como paciente VIH positiva la rechazaron, y no le prestaron la atención requerida aún con sospecha de contagio de COVID-19, adicionalmente después de morir en la calle, realizaron el levantamiento del cuerpo 15 horas después, un “atípico” caso de discriminación donde la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, solo indicó que la acompañante de Alejandra no permitió su traslado al centro de atención.
Tenemos bastante en qué pensar, y en por qué creer que somos superiores a otros, replantearnos en estos tiempos y exigir nuestros derechos a cabalidad, pero sobre todo tener presente que nos falta una pizca de empatía con el otro.
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