Por: Luisa Fernanda Suárez Ramos
Un panorama de noticias difíciles, es lo que encontramos en Colombia todos los días, no es de sorprenderse ¡ya se, ya se! pero es lo que sucede y hay que hablarlo o escribirlo, mejor dicho.
El 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, pero como es de esperarse “Las Garantías de No Repetición” poco suelen tomarse en cuenta y más aún en este momento coyuntural de pandemia donde no existen mecanismos para que los campesinos o los mismos colonos puedan denunciar desapariciones o agresiones de cualquier tipo, y muy pocas veces tienen la oportunidad de acercarse a las cabeceras municipales, ya sea a la Defensoría, Personería o Procuraduría para que allí tomen su declaración, en el marco de personas desaparecidas por el conflicto armado.
En muchas ocasiones, lamentablemente, las familias no hallarán a sus seres queridos, sus cuerpos y tampoco a los responsables de estos hechos, así lo aseguran informes de Human Rights Everywhere, en el 2019, donde se confirmó que: “el 99,5% de las desapariciones forzadas han quedado en la impunidad en Colombia”, y como un dato adicional pero no menos relevante, en el mismo año, de los 1122 municipios que tiene Colombia, solo 66 no registran desapariciones forzadas y si se quiere ver de una forma estadística solo un 5.88% de lo que representa todo el territorio.
Y contrario a lo anunciado “del fin de la guerra”, las estructuras delincuenciales y en este caso subversivas, en zonas donde residían FARC y las AUC, se han reorganizado ahora en un nuevo orden, principalmente enfocado en la economía ilegal, desde la producción, tráfico y comercialización de drogas ilícitas, minería, extorsión, tala ilegal y posiblemente tráfico de personas, pero ahora las riendas del negocio están en otras manos.
Estas actividades delincuenciales son efectuadas por los denominados (GAO) Grupos Armados Organizados, quienes hacen parte de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el Ejército Popular de Liberación (Los Pelusos o EPL), el Bloque Meta y el Bloque Libertadores del Vichada, además de las disidencias de las FARC y ELN respectivamente.
Y para completar, siguen desapareciendo a las personas e instigando el miedo, es tan preocupante el tema que el Comité Internacional de la Cruz Roja, realizó un llamado al Gobierno Nacional en el presente año debido a que cada tres días desaparece una persona en Colombia por el conflicto armado. ¿Se imaginan? Pedirle al gobierno garantías para que no secuestren a las personas. Datos revelados por el Centro de Memoria Histórica, el conflicto ha dejado 83.000 personas desaparecidas forzosamente entre 1958 y 2020. En lo que va corrido del 2020, 466 nuevos casos se presentan respecto a desapariciones.
Hasta el momento han pasado cuatro años, desde la firma del acuerdo de paz donde se esperó el fin de 52 años de guerra, como fuerza armada ilegal y causante de incontables delitos. Tenían la responsabilidad de ubicar a más de 120.000 personas, de las cuales 83.000 son desaparecidas forzosamente y más de 38.000 secuestrados; dos años del Gobierno de Duque, en los cuales solo se ha entregado información de 340 personas dadas por desaparecidas, así lo aseguró la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Dos años donde se ha hablado mucho de reparación, de beneficios y proyectos para los campesinos y comunidades afectadas por el conflicto; sin embargo, siguen siendo los más golpeados y los que nuevamente sufren las desapariciones de sus seres queridos.
Se puede visualizar un escenario no muy alentador, las mayores denuncias por desapariciones forzadas se realizan en las cabeceras municipales y no existen en muchos de estos municipios ni siquiera el control de la misma policía donde se podrían declarar estos hechos, es una tarea casi imposible, así lo dio a conocer el informe de Medicina Legal en el año anterior donde el 91% por ciento de los reportes se entregaron en las cabeceras municipales, mientras que el 5% en zonas rurales.
Pero se preguntarán ustedes ¿por qué sucede? Tal vez la respuesta para algunos sea muy evidente, pero encierra mucho en sí misma; la mayoría de estas familias, que viven de economías informales, si denuncian, no tienen un sustento para alimentar a sus seres queridos.
Cada vez se hace más visible el descuido en estas zonas por parte del Estado, no han existido reparaciones verdaderas para las familias de las víctimas ni con el reciente acuerdo, ni tampoco en las anteriores desmovilizaciones donde paramilitares se acogieron a la ley de Justicia y Paz.
Hasta hoy siguen buscando a sus seres queridos; Álvaro Greffa, indígena Kitchwa, que busca a su hermano Arturo, Luz Dary Santiesteban, que busca a sus dos hermanos Alberto y Luis Santiesteban, Ubaldo Montenegro desaparecido en Chibolo – Magdalena, Ricardo Pestana desaparecido en Arauca, Marina Velasco, que busca incansablemente a su esposo Carlos Suárez, hace más de 17 años.
Por todos los que faltan y los que tristemente faltarán, por unos acuerdos verídicos y de vital cumplimiento, por familias con una verdadera reparación y búsqueda de sus seres queridos, por un pueblo que merece la no repetición, y por un Estado que se preocupe y ofrezca garantías a todas las personas, incluyendo a las minorías y los sectores más segregados de la sociedad.
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