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Foto del escritorLa Pluma

Una cruda realidad, el desplazamiento forzado en nuestro país

Actualizado: 30 ene

Por: María José Uribe


Aunque en los años 40, se hayan registrado los primeros casos de desplazamiento forzado en Colombia, encontramos que la historia de este delito sigue presente y ha tenido más puntos críticos de los imaginados, pues en las últimas dos décadas, los casos solo han tenido leves disminuciones seguidas de altos recrudecimientos debido a que este crimen en nuestro país es un fenómeno que nunca cesa.


Según cifras del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno, en 1985 hubo 7,7 millones de personas desplazadas, en los siguientes años hubo un descenso; pero, en el 2002 estos números volvieron a aumentar con una tasa récord de más 400 mil casos, en el 2010 tal cifra disminuyó con 86.309 víctimas; sin embargo, entre 2011 y 2019 (donde se supone que habían reducido los actores armados, principales responsables del desplazamiento a causa del proceso de paz), las cifras nuevamente incrementaron con al menos 79 millones de personas que abandonaron sus hogares.


A esto se le suma que en el 2020 y el 2021 han ocurrido desplazamientos masivos que basados en los datos de la Defensoría del Pueblo han perjudicado a 3.906 familias.


Engañosa, entonces es la idea de creer que este delito se redujo y que estamos cerca de su final, pues Colombia es, después de Siria, el país con el mayor número de desplazados y el primero según el periódico El Tiempo online que tiene las más altas cifras en víctimas de desplazamiento forzado dentro del mismo territorio.


Al contrario de otras naciones, en nuestro país, este delito ocurre en casi en todos los departamentos, siendo Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca los principales afectados a causa de la violencia, las masacres, órdenes de desalojo, narcotráfico y principalmente enfrentamientos entre grupos ilegales.

Foto tomada de: Heraldo.com


Según el Observatorio Global del Desplazamiento Interno (IDMC), alrededor de 5,6 millones de personas desplazadas, se retiraron como consecuencia del conflicto y los enfrentamientos entre grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), el Clan del Golfo, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas paramilitares.


Estos últimos, además de haber sido los mayores responsables de los desplazamientos masivos, han mostrado la otra cara del fenómeno y esta es, la de la vulnerabilidad de los desplazados no sólo por su condición, sino también por el peligro que pueden llegar sufrir al retirarse de sus hogares en medio del conflicto.


Las comunidades de Ituango (Norte de Antioquia), Chocó y Buenaventura (Valle del Cauca) en el 2021, han sido protagonistas de tal situación, pues en noticias pudimos observar cómo sus habitantes quedaron atrapados entre los combates de los actores armados, sus balas y minas antipersonas.

Foto tomada de: Semana.com


Pero, ¿por qué se siguen dando estos casos en un país en el que ya se trabajó por la construcción y consolidación de la paz? Resulta, que no hemos logrado atenuar esta crisis porque el Estado “no ha podido prestarle la suficiente atención”.


Muchos son los SOS (señales de socorro) que han lanzado los sectores en riesgo de desplazamiento; desde protestas con cordones humanos hasta entrevistas en las que se pide a gritos el respeto a la vida, a la integridad, dignidad humana, libertad, seguridad personal, patrimonio económico, trabajo…


Sin embargo, ante tantos llamados, la efectividad de las acciones desplegadas por el Gobierno Nacional no ha “logrado ser la mejor”.


La ausencia y falta de intervención estatal en poblaciones abatidas por la violencia (indígenas, afrodescendientes y campesinas), continúa siendo muy visible.

En un artículo del periódico El Tiempo online, el defensor de derechos humanos, Franklin Castañeda dijo: "A pesar de los llamados de atención públicos y privados realizados al Gobierno, poco ha hecho hasta ahora frente al desplazamiento masivo. La fuerza pública aún no hace presencia en las veredas".


Foto tomada de: Elheraldo.com


A esto, hay que sumarle que si bien existe una ley (Ley 387 de 1997) que ampara, atiende, protege y brinda retribución socioeconómica a los desplazados a causa de la violencia, muchas son las víctimas que, al día de hoy, manifiestan que no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos.


“De parte del Gobierno Nacional hace falta más voluntad para brindar recursos a las víctimas en el país; solo el 10% de estas han sido indemnizadas, mientras que el otro 90% aún sigue esperando las ayudas del gobierno”, expuso a la FM Radio, el director de Codhes (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), Marco Romero.


Este, también añadió que para el 2021 podría existir un incremento en el número de personas desplazadas porque desde de la firma del acuerdo de paz (que se supone, pondría fin a la violencia),


“Ha habido un incremento del 224% del número de colombianos que han sido expulsados de sus territorios, es decir, cerca de 150.000 personas”.

Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia


Aquí, cabe decir entonces que el fenómeno del desplazamiento en nuestro país nunca ha tenido un stop o un descenso considerable, cada vez que los porcentajes (que, en realidad, no son solo números porque detrás de ellos están millones de familias) reducen, vuelven a aumentar de manera excesiva.


Los desplazados han tenido que lidiar durante años con el sufrimiento y el dolor de la violencia, el abandono estatal, el peso de la escasez y el desarraigo de sus tierras y seres queridos.


Las cifras de desplazamiento forzado en Colombia se asemejan a las subidas y bajadas de una montaña rusa, en la que siempre hay mínimos y máximos muy altos del suelo.


La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿será que al igual que este juego, el desplazamiento forzado en nuestro país en algún momento se detendrá? La respuesta ante tal incógnita esperemos que pronto la dé el tiempo y la justicia.

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