Por: Mayra Acosta
El proceso de Paz con las FARC le quitó a la guerra más de 8 mil armas y 14 mil hombres y mujeres. 53 años de conflicto armado con esta guerrilla fueron suficientes para que por fin el Gobierno Nacional llevara a cabo un proceso de paz exitoso.
Poco nos duró el sueño de tener una paz estable y duradera. Parece que las políticas guerreristas están por encima del dolor de 8 millones de víctimas y del derecho a vivir tranquilos. El Acuerdo de Paz no fue perfecto, pero desarmó a la guerrilla más antigua del continente y nos dejó una de las políticas más valiosas de las tres últimas décadas, el Desminado Humanitario.
Las minas antipersonales en Colombia son el reflejo de la degradación del conflicto armado. Son una violación tajante al Derecho Internacional Humanitario. Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, en el país hay 11.495 víctimas de estos artefactos, 7.025 son miembros de la Fuerza Pública y 4.470 son civiles.
El Meta ocupa deshonrosamente el segundo puesto en departamentos con mayor número de víctimas de este flagelo, siendo Vista Hermosa el municipio líder en esta cifra. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aportamos el 9,5% del total de víctimas nacionales. Lo más triste de estas horrorosas cifras, es que 86 fueron niños.
Foto suministrada por: Batallón N° 4 de Desminado Humanitario
Para el Gobierno del presidente, Iván Duque, el proceso de paz con las Farc se ha convertido en una piedra en el zapato para su discurso de ‘Paz con Legalidad’. Ha sido tanta la desidia en contra de este acuerdo, que a los firmantes los dejaron a su suerte. Al día de hoy, 254 excombatientes han sido asesinados.
Otros compromisos pactados como la Reforma Rural Integral van a paso lento, poco se ha visto de la entrega de tierras a campesinos y la creación de una jurisdicción agraria que dirima los conflictos sobre la tierra.
Foto suministrada por: Batallón N° 4 de Desminado Humanitario
La inoperancia del Estado y el histórico abandono de los territorios ha dado cabida a nuevos grupos criminales. Y mejor ni hablemos del fallido Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, seguimos inundados de coca. En resumidas cuentas… ¡Un desastre!
Pero en medio de tantos incumplimientos de parte y parte, hay que reconocer al Desminado Humanitario. Gracias al esfuerzo de más de 4 mil trabajadores acreditados en esta labor humanitaria, 432 municipios en el país están libres de sospecha de minas.
Por ejemplo, en nuestro departamento ya hay 17 municipios libres. La acción integral del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 4, la Campaña Colombiana Contra Minas y las organizaciones civiles ‘The HALO Trust’ y ‘Humanity and Inclution’, han logrado despejar 1.007.812 metros cuadrados, destruyendo un total de 268 minas antipersonal, 296 municiones sin explosionar y 60 artefactos explosivos improvisados.
Foto suministrada por: Batallón N° 4 de Desminado Humanitario
El próximo 4 de abril se conmemora el Día para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal establecido por las Naciones Unidas, una fecha para que recordemos a las víctimas y reconozcamos la ardua labor de soldados y civiles que con un uniforme que pesa más de 10 kilos, exponen a diario sus vidas en una titánica tarea a ciegas.
Esta política pública que nos dejó el Acuerdo de Paz, se ha convertido en la esperanza de cientos de colombianos que por años han vivido en medio de la zozobra y el miedo de perder una de sus extremidades o de morir en un campo minado.
Se estima que en promedio 15 mil pesos cuestan instalar una mina antipersonal y 17 millones de pesos cuesta destruirla. ¿Perder las piernas o la vida? no tiene precio. Debemos respaldar y defender el desminado humanitario, nuestros campesinos merecen caminar tranquilos y dar pasos hacia la paz.
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