Por: Sara Montenegro Penagos
Los periodistas están constantemente en la búsqueda de la verdad, por lo que se encaminan en la investigación, el análisis y su divulgación, ya sea de forma independiente o bajo el nombre de algún medio noticioso.
Sin embargo, al reportar lo que se ha observado o recopilado sobre algún tema de interés público de manera efectiva y atractiva; es un verdadero desafío, en especial para los veladores de comunidades vulnerables; debido a que, este hecho resulta ser poco conveniente para los que desean mantener la realidad debajo de la mesa.
En consecuencia, por ser informadores de la verdad o la piedrita en el zapato para los victimarios, empiezan a ser intimidados, golpeados, amenazados y en el peor de los casos asesinados; con el propósito de censurar, limitar e imponer la forma en que se debe cubrir un tema, como también para disminuir su actividad en redes sociales y por supuesto, para infundir miedo hasta en los huesos.
En Colombia, La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), es una organización no gubernamental, con el objetivo de defender la libertad de expresión de aquellos que ejercen la profesión, garantizando así el derecho a estar notificados sobre las situaciones del país, en donde a su vez, exponen anualmente un informe sobre esta problemática.
En el último informe de la FLIP, “El periodismo no es el enemigo”; denota su preocupación por el incremento en los últimos cuatro años de los asesinatos y de las denuncias `con relación a las amenazas, resaltando que el 2020 se cerró con 193 advertidos (uno cada dos días) y dos periodistas muertos, incrementando la cifra en un 10% en comparación con el 2019.
Foto tomada de: El Espectador
Mencionan también, la gran dificultad de reportar noticias u opiniones, que surgen de y para las comunidades sensibles como Arauca; debido a la presencia de grupos armados que ejercen poder y dominio sobre el territorio; como las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), El Ejército Liberal Nacional (ELN), o de bandas organizadas.
Como es el caso de los dos últimos asesinatos; el de Abelardo Liz, periodista indígena que se encontraba en Corinto Cauca; herido y posteriormente muerto el 12 de agosto del año pasado y del difunto Andrés Felipe Guevara; joven periodista, que trabajaba en el área judicial del periódico Q´hubo; falleció el 23 de diciembre del mismo año después de recibir cuatro disparos en las afueras de su casa, dos días antes.
Foto tomada de: Diario El Norte
Las autoridades, no consideran que el motivo de los crímenes sea por su labor periodística, como en el suceso de Guevara; a pesar de los audios revelados por la revista Semana, en el que manifiesta que después de escribir sobre las bandas delincuenciales de Cali en Q'hubo, empezó a recibir amenazas, por lo que realizó una demanda en la Fiscalía.
Cabe señalar que a pesar del continuo rechazo ante estas y a los llamados de la FLIP a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el presidente Iván Duque ha centrado su atención en invertir 26 mil millones de pesos en su canal institucional, según la Flip, dejando a su merced la pluralidad de la comunicación en un rango menor con las problemáticas presentadas y como no, desamparados en la emergencia económica por la pandemia.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) asegura que, estos actos tienen un triple efecto en donde vulneran el derecho a expresar, difundir ideas u opiniones, promueven el silencio y resulta ser una violación a los derechos de los periodistas y de los ciudadanos a recibir noticas de cualquier tipo.
El gobierno, debe luchar por rescatar y atender las necesidades de los medios de comunicación para su supervivencia, ya que así, el periodismo no se vería en riesgo, sumando también la necesidad de preguntar cómo lo dice la FLIP ¿Quién dispara o amenaza? Y ¿Quién dio la orden de los perfilamientos?
El efecto que produce presenciar los asesinatos o vivir las amenazas, es la necesidad de alejarse de algunas regiones, eliminando temas de la agenda, pues los periodistas, en especial los comunitarios e indígenas se sienten como el enemigo.
Foto tomada de: La W Radio
Las obligaciones del Estado están en utilizar los diferentes mecanismos que tiene la justicia para investigar, sancionar y proteger a quienes, por ejercer bien su oficio, están amenazados o en el peor de los casos, silenciados por las armas.
Otros afectados son los ciudadanos, pues nos vemos restringidos en nuestro derecho al acceso de la información y a fantasear con un estado democrático.
Recordemos gracias a la OEA que “en el año 2000, periodistas y comunicadores sociales fueron reconocidos como población en riesgo especial, con la creación del Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, a cargo de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior”.
¿En dónde iremos a parar?
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