Por: María José Uribe
A pesar que desde 1997 todo colombiano con una enfermedad terminal-incurable tiene la posibilidad de acceder a una muerte digna y que la reglamentación para realizar este proceso fue aceptada por el Ministerio de Salud desde el 2015; encontramos que, al día de hoy, muchos pacientes deben sortear diferentes barreas para acabar con su dolor, pues las instituciones médicas y los doctores (que son entes para el total cumplimiento de este derecho), complican los trámites y prefieren denegar las solicitudes.
Según cifras de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD), entre 2014 y 2015, de las 100 personas que acompañaron y solicitaron la muerte asistida, se estima que únicamente a un 10% se le aceptó su petición, de modo que el resto de pacientes tuvieron que esperar hasta el fin de su enfermedad.
A esto, se le suma que Colombia no cuenta con un programa o sistema de seguimiento de las solicitudes que se realizan cada año, por lo que no hay forma de conocer cuántas peticiones son aceptadas y cuántas son rechazadas por las entidades.
“Hoy, no es prioridad para el Ministerio de Salud conocer y vigilar qué ocurre con las personas que solicitan la eutanasia, si se les da solución efectiva o, si, por el contrario, sus solicitudes se pierden en la correspondencia del Sistema de Salud”, expresa el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc), defensor y promotor de la muerte digna en Colombia.
Engañosa, entonces es la idea de creer que la legalización de la eutanasia permitió que todos los pacientes terminales accedieran sin ningún problema a una muerte digna, pues muchas son las barreras que le impone el sistema de salud desde que inician su proceso.
Foto tomada de: infoLibre
La primera de ellas, es la lucha que deben sortear en contra de los médicos que apelan constantemente a la objeción de conciencia para no aceptar ni realizar el proceso; si bien, estos tienen derecho a negarse a ejecutar la eutanasia porque esta se puede oponer a sus principios éticos y religiosos, pero lo que no es admisible es que no le den importancia o no les presten la suficiente atención a las solicitudes.
“Más que una objeción de conciencia, pareciera que lo que sienten muchos médicos es que les queda más fácil decir que no a todo. Hace falta mayor educación e inclusión en el tema, que se reconozca que es un derecho que todos debemos acatar, y que el Estado supervise para que no se siga violando”, manifestó al periódico El Tiempo, la directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, Carmenza Ochoa.
Foto tomada de: Cultura Colectiva News
Pero la crisis se ve reflejada también en los números, ya que el Laboratorio Desc, explicó que “al año, alrededor de 50 personas en toda Colombia permanecen a la espera de encontrar un médico que les practique este procedimiento, pues quienes laboran con las EPS, declaran objeción de conciencia y se niegan a realizarlo porque tienen miedo de que una persona cercana al paciente los demande, pues, si sienten que el proceso se realizó de forma irregular, pueden hacerlo”.
Otra de las barreras a las que se deben enfrentar estos pacientes, es que muchos de los hospitales donde solicitan su procedimiento, no han estructurado los comités de muerte digna que ordenó el Ministerio de Salud desde el 2014, lo que implica que los casos de estos enfermos no sean tomados con rapidez, pues no existe un conjunto de profesionales que evalúen su solicitud.
Según el Laboratorio de Derechos Sociales (LabDes), al menos el 23% de las entidades médicas del país, no cuentan con todos los integrantes de la junta para examinar los casos porque algunas veces influyen factores como la ausencia de solicitudes mensuales de los pacientes.
Pero, ¿qué ocurre cuando sí están completos tales comités? Resulta que, estos deben responder en un plazo de 10 días todas las peticiones, sin embargo, si el médico, el abogado, el psiquiatra o el psicólogo clínico que hace parte de la junta, objeta contra la eutanasia, es decir, presenta razones para no llevarla a cabo; el proceso de apelación podría tardar un año y si se prolonga este proceso también lo hará el dolor del paciente que busca acceder a una muerte digna.
Foto tomada de: Cultura Colectiva News
“Muchas veces el paciente termina muriendo antes de que alguien le haga una definición que permita acabar con su indignidad y su sufrimiento”, dijo a RCN Radio, el cirujano médico especializado en los casos de eutanasia en Colombia, Gustavo Quintana.
Y aunque no se puedan mostrar las cifras de cuántas personas han muerto a causa de la espera del proceso (pues esto es información confidencial de las entidades), sí podemos exponer la baja cantidad de quienes han logrado acceder a él.
Pues, según datos del Laboratorio Desc, de las dos décadas que lleva este procedimiento activo, solo 48 hombres y 46 mujeres han podido realizarlo.
Para finalizar, otra barrera que encontramos para que los pacientes puedan ejecutar este proceso, es que en Colombia no hay la posibilidad de brindarle el consentimiento de muerte a un sustituto si el enfermo no manifestó su decisión en un documento de voluntad anticipada.
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Esto, quiere decir que se les impide a otras personas (como los abuelos, hijos, padres, pareja…) tomar la decisión de acceder a la eutanasia por otra, conllevando a que, si el paciente no cuenta con las facultades mentales en ese momento a causa de su enfermedad, este deba continuar con su sufrimiento hasta que muera.
De hecho, esta situación llevó a que la Defensoría del Pueblo le dijera a la Corte Constitucional que examinara un caso en el que una madre deseaba dar el consentimiento para que se le practicara la eutanasia a su hija de 24 años, pues esta tenía discapacidad absoluta, no había firmado ningún documento previo y ya habían pasado ocho años en los que la joven no daba señales de mejora.
Foto tomada de: Redes Comerciales
Aquí, cabe decir entonces que, aunque la Corte Constitucional legalizó este derecho desde hace más de 20 años, eso no implicó que todos los pacientes terminales pudieran acceder de forma directa a la eutanasia, pues sigue existiendo muchos vacíos en el sistema de salud para estos enfermos y no hay el interés para solucionarlos.
Si llevamos todos estos años con este derecho y al día de hoy existen tantos impedimentos para acceder a el ¿qué se supone que permitió el Estado y el sistema de salud?
Aún falta una ley como la de Países Bajos, Canadá, Bélgica y Luxemburgo que regule con claridad la práctica de la eutanasia en nuestro país.
Frente a esto, guardemos la esperanza de que el sistema y el Gobierno tome en cuenta algún día la consigna del novelista francés André Maldaux, “la muerte no es tan grave, el dolor sí”.
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